Se acerca la fecha clave de 30 de marzo y el Reino Unido aún no ha ratificado el acuerdo de retirada de la UE. Tal y como adelantábamos en un post anterior, un Brexit sin acuerdo puede acarrear muchas incertidumbres sobre los mecanismos de regulación de las relaciones entre este país y la UE. Es por ello por lo que el Gobierno español ha adoptado una serie de medidas de contingencia a través del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, para paliar las posibles consecuencias y efectos del Brexit.

A través de este Real Decreto-ley, que entrará en vigor el día que los Tratados de la UE dejen de aplicarse a Reino Unido, a menos que se alcance un acuerdo de retirada, se adopta un conjunto de medidas para mitigar efectos y conseguir dos objetivos básicos: preservar el derecho a la libre circulación de personas y preservar el normal desarrollo de flujos comerciales y de intereses económicos.

Las medidas afectan a sectores muy variados: desde la ciudadanía o las actividades económicas hasta los transportes o la cooperación policial y judicial internacional.

Así, por ejemplo, los británicos hasta finales de 2020 mantendrán su residencia legal como hasta ahora, pero antes de que acabe ese año deberán solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Se prevé también que durante 21 meses desde la retirada de UK se seguirá prestando asistencia sanitaria a sus nacionales, pero a cargo de las entidades británicas y siempre que exista una reciprocidad por parte del Reino Unido para los nacionales españoles. Asimismo, en el ámbito del transporte aéreo se pospone la consideración de UK como destino internacional.

Debemos tener presente que se trata de medidas con carácter temporal, pues en el caso que, transcurrido el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, las autoridades británicas no concedan un tratamiento recíproco a las personas españolas (físicas o jurídicas), estas medidas serán suspendidas.

El pasado 16 de febrero entró en vigor el Reglamento 2016/1191 sobre documentos públicos aplicable a todos los países de la UE, el cual reduce y agiliza la burocracia y los costes para los ciudadanos europeos que necesitan presentar en un país de la UE un documento público expedido en otro Estado de la UE.

Con anterioridad a este Reglamento, para presentar un documento público en otro Estado de la UE se debía obtener la apostilla de la Haya y, en muchas ocasiones, también se exigía una copia certificada y una traducción.

Ahora, muchos de los requisitos burocráticos desaparecen, así algunos documentos públicos deben ser aceptados como auténticos sin necesidad de la apostilla. También se suprime la exigencia de aportar, junto con el documento público original, la copia certificada del mismo, así como la obligación de aportar una traducción poniendo a disposición de los ciudadanos unos impresos estándares multilingües disponibles en todas las lenguas de la UE, en sustitución de dicha traducción. De esta forma, las autoridades solo podrán exigir una traducción en circunstancias excepcionales, pero, además, en el caso que la exijan, deben aceptar la realizada en cualquier país de la UE.

En caso de que la autoridad tenga dudas acerca de la autenticidad de los documentos, puede realizar una comprobación ante la autoridad de expedición a través de una plataforma informática, agilizando de esta forma los plazos.

Ahora bien, este Reglamento no aborda el reconocimiento de los efectos jurídicos de estos documentos públicos en otros países, pues esta materia sigue estando regulada por la legislación nacional de cada país.

Los documentos públicos que conforman el ámbito de aplicación del Reglamento son: (i) nacimiento; (ii) Hecho de que una persona está viva; (iii) defunción; (iv) nombre; (v) matrimonio; (vi) divorcio, la separación judicial o la anulación del matrimonio; (vii) unión de hecho registrada; (viii) filiación; (ix) adopción; (x) domicilio o residencia; (xi) nacionalidad; (xii) ausencia de antecedentes penales; (xiii) derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo.