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Cataluña aprueba un impuesto sobre bebidas azucaradas
agosto 7, 2017 - fiscalidad

Cataluña sigue los pasos de países como Finlandia, Francia, Reino Unido, México y Noruega en la aprobación del impuesto sobre bebidas azucaradas, que lleva poco más de dos meses en vigor y que persigue una recaudación estimada de 41,3 millones de euros anuales. Hasta el momento, no sólo se están cumpliendo las expectativas, sino que en los primeros dos meses – mayo y junio –  se han recaudado 8,4 millones de euros, una cifra que está «por encima de las expectativas iniciales«, según Lluís Salvadó, el secretario de Hacienda.

El impuesto de pago trimestral, aprobado el pasado 22 de marzo, afecta a los distribuidores de bebidas energéticas, refrescos, té y café, entre otras, que deberán repercutir en el consumidor final mediante un gravamen calculado en proporción a la cantidad de azúcar contenida. Por ejemplo, una lata de Coca-Cola de 330 mililitros que costaba 0,58 euros cuesta, a día de hoy, 0,62 euros, un incremento del 8% en su precio, que se aleja del 20% recomendado por la OMS.

La medida, contenida en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del Govern, no ha tenido cabida, por el momento, en ámbito estatal. “Se ha de estudiar su viabilidad” ha contestado Montoro en respuesta a un posible proyecto futuro.

Con la aplicación de este impuesto, la Generalitat pretende reducir el consumo de este tipo de productos que, como bien es sabido, pueden provocar enfermedades como la diabetes o la hipoglucemia, además de un exceso de peso, circunstancia que, según el estudio del Gobierno catalán, se da en la mitad de la población.

No obstante, también ha encontrado una fuerte oposición desde el momento de su aprobación, sobre todo, por parte de la Federación de la Industria de Alimentos y Bebidas (FAIB). Su director, Mauricio García de Quevedo, director general de la Asociación, ha denunciado que la medida supone una discriminación frente a la ausencia de un impuesto similar en otros alimentos con alto contenido en grasas saturadas y azúcares, además de romper con el mercado interior español.

Queda abierto el debate sobre esta posible discriminación, aunque también cabe esperar si se trata de una medida aislada o si forma parte de un plan gradual por parte del Govern.


© Martínez Comín