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COVID-19 REAL DECRETO-LEY 8/2020
marzo 18, 2020 - COVID-19

CIRCULAR REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO,  DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

 

Esta mañana se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020 que amplía las medidas ya tomadas por el Real Decreto 436/2020, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico más allá de la crisis sanitaria. Dicho Real Decreto-ley contiene distintas medidas económicas y sociales con el objetivo de reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo y reforzar la lucha contra la enfermedad. Las medidas más relevantes adoptadas recientemente son:

 

Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables

 

  • Concesión de un suplemento de crédito, por importe de 300.000 euros para financiar un Fondo Social Extraordinario que se distribuirá entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Con cargo a dicho suplemento se financiarán las prestaciones básicas de los servicios sociales que tengan por objeto, exclusivamente, hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19, como por ejemplo: reforzar los servicios de carácter domiciliario, dispositivos de atención a personas sin hogar y reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales y ampliar las partidas para garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas.

 

  • El superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión.

 

  • Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión social, durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

 

  • Se prorroga hasta el 15/09/2020 la vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha.

 

  • Se suspende la vigencia de algunos artículos relativos a los sistemas de actualización de precios regulados que afectan, por ejemplo, al gas natural, gases licuados del petróleo.

 

  • Se establece la medida del trabajo a distancia como de carácter preferente y prioritaria, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible.
  • Los trabajadores tendrán derecho de adaptación del horario y reducción de jornada cuando acrediten deberes de cuidado respecto determinados familiares, como por ejemplo por razones de edad, enfermedad, por cierre de centros educativos o por indisposición de la persona que efectuaba las labores de cuidado. Este derecho de adaptación puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa.

 

  • También se prevé que los trabajadores puedan solicitar una reducción especial de la jornada de trabajo cuando se cumplan con los requisitos previstos en el Real Decreto-ley, con la reducción proporcional de su salario.

 

  • Se acuerdan medidas conducentes a obtener la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis del COVID-19, como, por ejemplo, los deudores en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, aquellos que sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

 

  • Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada.

 

El deudor que se hubiese beneficiado de estas medidas sin reunir los requisitos o cumpliendo los requisitos de manera deliberada, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas.

 

Además, las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de este Real Decreto-ley quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales del ITPAJD.

 

  • Tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Dicha prestación tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.

 

  • Las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas, mientras esté en vigor el estado de alarma, mantendrán la prestación de sus servicios, de forma que no podrán suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad. Asimismo, dichos proveedores no podrán realizar campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración y asistencia física a tiendas.

 

  • Se suspenden todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso.

 

  • Se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial, bien on-line. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto.

 

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos

 

  • Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

 

En estos casos, se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

 

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.

 

Además, los trabajadores afectados por estas medidas, tendrán reconocido el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. Asimismo, no computará el tiempo en que se perciba dicha prestación por desempleo, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

 

Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

 

 

Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación

 

  • El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá otorgar avales con un límite de 100.000 millones de euros a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.

 

  • Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.

 

  • Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, con una duración de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley. Se podrán beneficiar de la misma, entre otras, empresas exportadoras que cumplan con los requisitos y tengan nuevas necesidades de financiación.

 

  • Se podrán atribuir competencias para el despacho aduanero a cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.

 

  • En el ámbito tributario, se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los plazos de pago de la deuda tributaria resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, así como las deudas en periodo ejecutivo y una vez notificada la providencia de apremio, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

 

Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

 

  • Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Dicha suspensión implicará la obligación de la entidad adjudicadora de abonar al contratista los daños y perjuicios previsto en el Real Decreto-ley sufridos por éste durante el periodo de suspensión.

 

Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.

 

La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

 

En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas para combatirlo, el órgano de contratación podrá concederle la ampliación o prórroga del plazo inicial de, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. Además, los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en un máximo del 10%, como consecuencia del tiempo perdido.

 

En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto- ley, cuando la situación creada por el COVID-19 imposibilite la continuación de la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo.

 

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Ello será de aplicación, entre otros, a los contratos sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes.

 

Se facilitarán medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.

 

Medidas de apoyo a la investigación del COVID-19

 

  • Se prevé el establecimiento de medidas laborales excepcionales para los trabajadores de entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el establecimiento de jornadas laborales extraordinarias que se compensarán económicamente a través del complemento de productividad o gratificaciones extraordinarias.

 

Además, se autoriza a dichas entidades públicas a realizar contratos indefinidos y temporales.

 

  • Se autoriza la concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito del COVID-19.

 

Otras medidas de flexibilización

 

  • Se establece un régimen especial de convenios relacionados con el COVID-19, por el cual no les resultarán de aplicación a dichos convenios ciertas disposiciones relacionadas con la tramitación administrativa y suscripción de convenios.

 

  • Durante el estado de alarma, y aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

 

Asimismo, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.

 

Estas reglas serán de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas.

 

  • Queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales y el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

 

  • En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

 

  • La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

 

  • El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

 

  • Los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo.

 

  • El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

 

  • Si durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

 

  • En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios, a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

 

  • Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

 

  • Se adoptan medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas, que, entre otros aspectos, flexibiliza los plazos de la obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales de las empresas cotizadas. También flexibiliza los plazos de celebración de las Juntas generales de accionistas y posibilita la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia de éstas.

 

  • Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo que pudieran acordarse, se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o, en su caso, de su prórroga.

 

  • Durante la vigencia del estado de alarma, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso (i) el deudor que se encuentre en estado de insolvencia: Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses; (ii) el deudor que hubiera comunicado al juzgado la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Disposiciones adicionales

 

  • Queda prorrogada por un año la validez del DNI de las personas titulares del mismo que se les caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 

  • Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

 

  • El Gobierno dispondrá la inmediata puesta en marcha, a través de la entidad pública empresarial RED.ES, del Programa Acelera PYME con el objeto de articular un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo.

 

  • A los plazos previstos en el Real Decreto Ley 8/2020 no les será de aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 

 Vigencia

 

El Real Decreto-ley 8/2020, ha entrado en vigor hoy (el mismo día de su publicación en el BOE) y las medidas previstas en el mismo mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de prórroga. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en esta norma, que tienen plazo determinado de duración, se sujetarán al mismo. Por último, se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el Real Decreto-ley.

La presente Circular tiene un carácter meramente informativo y se realiza con la intención de servir de síntesis a las cuestiones principales que desarrolla el Real Decreto-ley 8/2020, por lo que no se debe entender como prestación de asesoramiento o asistencia jurídica. En todo caso, MARTÍNEZ COMÍN le recomienda la lectura íntegra del texto publicado en el Boletín Oficial del Estado y se pone a su disposición para ayudarle a interpretar o aplicar lo que precise.

 

Barcelona, 18 de marzo de 2020


© Martínez Comín