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El anteproyecto de Ley Crea y Crece: más allá de poder crear empresas con tan solo 1 euro
diciembre 15, 2021 -

Tal y como han afirmado desde La Moncloa en fecha de 30 de noviembre del corriente, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, más conocida como Ley Crea y Crece, el cual será remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

Este anteproyecto de ley constituye una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Plan está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 Estados miembros de la Unión Europea para acogerse al Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU, el cual fue aprobado por el Consejo Europeo en el mes de junio de 2020, y que constituye el mayor instrumento de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes originada por la COVID-19.

En el caso de nuestro país, desde el Gobierno afirman que “España ha trabajado intensamente en un plan que permita aumentar la productividad y el crecimiento potencial, avanzando hacia una España verde, digital, inclusiva, con mayor cohesión social y territorial y sin brechas de género”. Asimismo, desde el Ejecutivo señalan que este Plan “se articula en un conjunto coherente de inversiones a realizar en su práctica totalidad entre 2021 y 2023 y en un ambicioso programa de reformas estructurales y legislativas orientadas a abordar los principales retos de nuestro país”.

Pues bien, tal y como sostienen desde La Moncloa, el principal objetivo de la Ley Crea y Crece consiste en facilitar el emprendimiento a través de la constitución de sociedades y ayudar a su desarrollo.  En este sentido, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha explicado que “el objetivo de la norma es impulsar la creación de empresas, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional”.

A pesar de que el foco se ha puesto sobre la posibilidad de poder crear una empresa a partir de 1 euro, el anteproyecto de Ley Crea y Crece contempla otras cuestiones de importancia, las cuales se abordan a continuación, incluida la relativa a “la joya de la Corona”.

  • Menor coste económico y mayor facilidad y rapidez para crear una empresa (“CREA”):
  • Se permite crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo 1 euro. Así, este valor, puramente simbólico, sustituye al mínimo legal de 3.000 euros exigido actualmente para poder constituir una SL. De este modo, España se alinea con gran parte de los países de nuestro entorno en los que no se requiere un capital mínimo para crear una empresa.
  • Se simplifican los trámites para la creación de una empresa. En este sentido, se promueve la constitución telemática de empresas a través del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), lo cual implica (i) la reducción de los plazos para su creación y (ii) la disminución de los costes notariales y registrales.
  • Apoyo al crecimiento de las empresas (“CRECE”):
  • Se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos. Ello garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos, lo cual, a su vez, sostienen desde el Gobierno, “además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial”.
  • Se dispone que las empresas que no respeten los plazos de pago establecidos en la Ley no podrán acceder a subvenciones públicas, o no podrán ser entidades colaboradoras en su gestión.
  • Se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, el cual, además de promover una serie de buenas prácticas en esta materia, realizará un seguimiento y análisis de los datos correspondientes a los plazos de pagos.
  • Se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, en el sentido de que se amplía el catálogo de actividades económicas que están exentas de licencia. A este respecto, se incluyen en el listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas como inocuas por, al menos, una Comunidad Autónoma.
  • Se habilita a la nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios para elaborar una nueva ordenanza tipo para el desarrollo de actividades comerciales minoristas, así como para la posible adopción de otras en colaboración con distintas Conferencias sectoriales.
  • Se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, a los efectos de reforzar la cooperación entre las distintas Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y eficacia.
  • Se adapta la regulación nacional en materia de crowdfunding a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que las entidades de este sector presten sus servicios en Europa. Asimismo, se ofrece mayor protección a los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y, de esta manera, reducir los costes de gestión. De igual modo, para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles, se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.
  • Se impulsa la industria de capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyéndose a empresas financieras con un elevado componente tecnológico.
  • Se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la COVID-19.

 


© Martínez Comín