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El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley que regula el impuesto de plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional
noviembre 9, 2021 - fiscalidad

Como es bien sabido, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC), en su más que comentada sentencia 182/2021, de 26 de octubre, declaró la inconstitucionalidad y consecuente nulidad de determinadas disposiciones relativas a la determinación de la base imponible del comúnmente denominado “impuesto de plusvalía municipal”, esto es, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU). La afectación recayó sobre el art. 107 (“Base imponible”) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLHL). Concretamente, sobre: (i) el apartado 1, segundo párrafo, (ii) el apartado 2, letra a) y (iii) el apartado 4.

El órgano judicial que promovió la cuestión de inconstitucionalidad consideró que la aplicación de las disposiciones del TRLHL involucradas, al establecer un sistema objetivo de cálculo de la base imponible del IIVTNU que no tenía en cuenta la capacidad económica del contribuyente, podía suponer una carga fiscal excesiva o exagerada que infringiera el principio constitucional de no confiscatoriedad en los casos en los que el importe de la cuota tributaria resultante, aun cuando no superase la plusvalía efectivamente obtenida con la transmisión del terreno urbano, sí que representara una parte muy significativa de la misma.

Como consecuencia, el TC concluyó que el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible [del IIVTNU], por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE)”.

En último término, el TC abordó el alcance y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones del TRLHL mencionadas. Por un lado, sostuvo que dicha declaración suponía la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones en cuestión, debiendo el legislador encargarse de colmar el consecuente vacío normativo generado sobre la determinación de la base imponible del IIVTNU.

Por otro lado, el TC afirmó que no podían considerarse como situaciones susceptibles de ser revisables con fundamento en la sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por el IIVTNU que, a la fecha de dictarse la misma (26 de octubre de 2021), hubieran sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Asimismo, el TC prosiguió sosteniendo que también consideraba como situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no hubiera sido solicitada por vía del art. 120.3 de la Ley General Tributaria a dicha fecha.

Pues bien, principalmente para colmar el vacío normativo generado por la reciente sentencia del TC con respecto a la determinación de la base imponible del IIVTNU (además de para integrar la doctrina reciente del Alto Tribunal sobre este tributo), el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta norma entra en vigor el 10 de noviembre del corriente.

El Gobierno ha recurrido a la figura de urgencia del Real Decreto-ley por las importantes consecuencias que considera que implicaría el mantenimiento del vacío legal referido. Por un lado, a los ayuntamientos les resultaría imposible liquidar, comprobar, recaudar y revisar el IIVTNU, puesto que, desde la fecha de la sentencia del TC, este tributo dejaría de ser exigible. Ello supondría, apuntan desde el Gobierno, una “merma inmediata e importante de sus recursos financieros [los de los ayuntamientos], que puede provocar un incremento del déficit público que ponga en riesgo el adecuado cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución, lo que va además en perjuicio del principio de suficiencia financiera de las entidades locales reconocido en el artículo 142 de la Constitución”.

De igual modo, el Gobierno mantiene que el vacío legal “podría provocar distorsiones inminentes en el mercado inmobiliario, en cuanto que puede suponer un incentivo para acelerar de forma urgente operaciones inmobiliarias con la única finalidad de aprovechar la coyuntura de «no tributación» antes de que fuera aprobada la nueva normativa del impuesto, que de no ser aprobada por real decreto-ley requeriría varios meses para su posible aprobación y entrada en vigor”.

El Real Decreto-ley 26/2021 introduce las siguientes modificaciones en el TRLHL con respecto al IIVTNU: (i) se añade un apartado 5 en el art. 104 (“Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción”), (ii) se cambia el redactado del art. 107 (“Base imponible”) y (iii) se cambia el redactado del apartado 4 y se añade un apartado 8 en el art. 110 (“Gestión tributaria del impuesto”). En definitiva, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley, las modificaciones clave en la regulación del IIVTNU son las siguientes:

  • Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate, a instancia del interesado, que no se ha producido un incremento de valor. En estos casos, se prevé que los ayuntamientos puedan efectuar las correspondientes comprobaciones.
  • Se mejora la determinación de la base imponible para que siempre refleje la realidad del mercado inmobiliario, reconociéndose la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización, y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible por unos coeficientes máximos establecidos según el número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, teniendo en cuenta la evolución de los precios de las compraventas realizadas. Esta actualización podrá realizarse a través de las leyes de presupuestos generales del Estado.
  • Se introduce una regla de salvaguarda con la finalidad de evitar que la tributación por este impuesto pudiera, en algún caso, resultar contraria al principio de capacidad económica, permitiendo, a instancia del sujeto pasivo, acomodar la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido.
  • Van a ser gravadas las plusvalías generadas en menos de 1 año, es decir, aquellas que se producen cuando, entre la fecha de adquisición y la de transmisión, ha transcurrido menos de 1 año, porque precisamente son las que pueden tener un carácter más especulativo, corrigiéndose así una deficiencia del sistema de determinación de la base imponible regulado en la normativa anterior.

Así, con los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 26/2021, el Gobierno mantiene que el sistema objetivo de determinación de la base imponible del IIVTNU se convierte en un sistema optativo, que únicamente será aplicable en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no inste la acomodación de la carga tributaria al incremento de valor realmente obtenido. En este sentido, el Gobierno afirma que, de esta forma, “se da cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional de que el método objetivo de determinación de la base imponible no sea el único método admitido legalmente, permitiendo las estimaciones directas del incremento de valor en aquellos casos en que así lo solicite el obligado tributario”, así como que, con esta reforma, “se busca adecuar la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente, permitiendo su contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con aquella”.

 

 

 

 

 

 


© Martínez Comín