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El NIF español, condición sine qua non a la liquidación de la tasa judicial en España
junio 22, 2016 -

¿Es “libre” el acceso de los extranjeros a la justicia española?  La práctica nos obliga a dar una respuesta negativa. El tan protegido derecho fundamental del artículo 24 de nuestra Constitución es, al parecer, una verdadera carrera de obstáculos para los no residentes. Esta constatación se cristaliza especialmente a la hora de liquidar la obligatoria tasa judicial a través del Modelo 696. Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social que, básicamente, permite el acceso a los Juzgados y Tribunales españoles.

Para un residente español, sea persona física o jurídica, no hay trampa, las reglas del juego son claras y están expuestas desde el principio. El procedimiento se resume en tres pasos: (i) se cumplimenta el Modelo 696 –pudiéndolo hacer de forma telemática–; (ii) se llevan los tres ejemplares  impresos  de  la autoliquidación a la entidad financiera  colaboradora, para efectuar el ingreso. Finalmente, (iii) se procede al envío del justificante de pago al Juzgado o Tribunal oportuno.

¿Quid de los extranjeros que tienen que liquidar esta misma tasa?

A efectos de ilustrar la situación eventual de discriminación en qué se incurre en el acceso a la justicia en España, cojamos como ejemplo el Procedimiento Monitorio Europeo en el cual se reclama el cobro de deudas transfronterizas entre partes situadas en dos EEMM de la UE. El modelo 696 permite al contribuyente la posibilidad de cumplimentar el apartado NIF con un NIF extranjero.

En teoría, no hay ninguna dificultad relevante: los trámites para el pago de la tasa judicial son los mismos que para los residentes. Pero, como es sabido, la teoría y la práctica a menudo constituyen dos realidades distintas. Al llegar al banco para efectuar el ingreso, el contribuyente no residente o su representante se encontrarán frente a una denegación de la posibilidad de liquidar la tasa por no ser titular de NIF español.

Así, el desafortunado contribuyente extranjero que no posee NIF español se encuentra inhabilitado para liquidar la tasa judicial y, en consecuencia, impedido para realizar cualquier acción judicial en nuestro país.

¿Discriminación procesal a favor de los titulares de NIF español? En cierto modo sí, pero realmente, se trata de una descoordinación entre el sistema tributario y el sistema bancario. La AEAT permite utilizar un NIF extranjero para cumplimentar el modelo mientras que el Banco no tiene su sistema adaptado para permitir la liquidación al contribuyente extranjero. ¿Cuál es el resultado de este desencuentro entre los sistemas? Nos enfrentamos a una tasa judicial que queremos pagar sin que dicho pago se pueda efectuar.


© Martínez Comín