Martinez Comín
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Martinez Comín

El pasado 21 de julio, el Tribunal Constitucional dictó sentencia declarando inconstitucionales y, por lo tanto, nulos, los artículos 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, que regula las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, por entender que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución), en el sentido que su cuantía es (era) claramente desproporcionada y podían actuar como trabas al acceso a los Tribunales.
Esta última decisión del Constitucional es el colofón final a la exención que se ya aprobó en febrero de 2013 para las personas físicas en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes.

El alcance de la inconstitucionalidad deja sin efecto la cuota variable que debía sumarse a las cantidades que debían abonarse en concepto de base imponible imponible, así como el pago de las siguientes cuotas fijas:

a) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 200 euros para interponer recurso contencioso-administrativo abreviado y 350 euros para interponer recurso contencioso-administrativo ordinario, así como las de 800 y 1.200 euros, respectivamente, para interponer recurso de apelación y recurso de casación en cualquiera de sus modalidades.
b) En el orden jurisdiccional civil, 800 euros, para interponer recurso de apelación 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
c) En el orden social, 500 euros para el recurso de suplicación y 750 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades.
Los efectos de la inconstitucional no son retroactivos, lo que perjudica a los interesados insatisfechos, que no van a tener la posibilidad de obtener su devolución.

En definitiva, la sentencia del TC se considera como una victoria que pone punto y final a un proceso largo, marcado por cinco recursos de inconstitucionalidad impulsados por la Abogacía, el PSOE y las CCAA de Catalunya, Aragón, Canarias y Andalucía; dos reformas y modificaciones preliminares de la ley; y varias cuestiones de inconstitucionalidad. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, calificó en su blog la sentencia del TC como un mero “triunfo del Estado de Derecho”. Se expresó públicamente con estas palabras: la sentencia que deroga las tasas judiciales es una victoria de la Justicia, de los ciudadanos, de las pequeñas y medianas empresas y de toda la Abogacía. Añadió finalmente que, gracias a esta declaración de inconstitucionalidad, se repara plenamente una injusticia que impedía o dificultaba el acceso de la pequeñas y medianas empresas a la tutela judicial efectiva y se contribuye a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.