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Entrada en vigor de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia
septiembre 6, 2021 -

El pasado 11 de julio entró en vigor la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, norma que deroga tácitamente el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, el cual entró en vigor el 13 de octubre de 2020.

Con anterioridad a abordar el contenido de la Ley 10/2021, de 9 de julio, conviene precisar que, si bien el concepto de “teletrabajo” se ha popularizado a raíz de la pandemia de COVID-19, no se trata de una expresión equivalente a “trabajo a distancia”, siendo el primero una subespecie del segundo.

En efecto, el trabajo a distancia es aquella forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. Por su parte, el teletrabajo es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

Pues bien, la Ley 10/2021, de 9 de julio, regula aspectos sobre el trabajo a distancia tales como los siguientes: (i) las limitaciones establecidas en este ámbito con respecto a los contratos de trabajo celebrados con menores y a los contratos en prácticas y para la formación, (ii) la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación de las personas que desarrollan trabajo a distancia, o (iii) el acuerdo de trabajo a distancia, que es voluntario para la persona trabajadora y para el empresario.

Asimismo, la Ley 10/2021, de 9 de julio, presta especial atención a los siguientes derechos de las personas que desarrollan trabajo a distancia: (i) el derecho a la carrera profesional, (ii) los derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos, (iii) los derechos con repercusión en el tiempo de trabajo, (iv) el derecho a la prevención de riesgos laborales, (v) los derechos relacionados con el uso de medios digitales y (vi) los derechos colectivos.

Dentro de los derechos relacionados con el uso de medios digitales, destaca el derecho a la desconexión digital. En este sentido, el art. 18 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, establece que las personas que trabajan a distancia, particularmente en la modalidad de teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario laboral, de acuerdo con lo dispuesto en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).

En estos términos, el derecho a la desconexión digital implica una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los períodos de descanso del trabajador, así como el respeto a la duración máxima de la jornada.

Por otra parte, la Ley 10/2021, de 9 de julio, obliga a las empresas a que, previa audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras, elabore una política interna en donde se definan (i) las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital y (ii) las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. Esta política interna deberá contemplar los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, y deberá dirigida a todas las personas trabajadoras, incluidas las que ocupan puestos directivos.

En último término, la Ley 10/2021, de 9 de julio, faculta a los convenios o acuerdos colectivos de trabajo para que establezcan los medios y las medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en el trabajo a distancia, así como la organización adecuada de la jornada, de forma que sea compatible con la garantía de tiempos de descanso.

Así las cosas, es evidente que el teletrabajo, como modalidad de trabajo a distancia, ha constituido y constituye un mecanismo clave para reducir el impacto de las medidas de contención y de las restricciones a la actividad productiva ocasionadas por el SARS-CoV-2, favoreciendo tanto a empresas como a personas trabajadoras. No obstante, es necesario tener muy presente la desconexión digital, como derecho a favor del trabajador y como deber a cargo del empresario, siendo las dos caras de una misma moneda.


© Martínez Comín