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La controversia sobre la exigencia del certificado de vacunación o del pasaporte COVID para acceder a establecimientos
septiembre 6, 2021 -

En España ya hay más de 30 millones y medio de personas que han recibido la pauta completa de vacunación frente a la COVID-19, lo cual representa más del 64,4% de la población. Por su parte, son más de 35 millones de personas las que cuentan, con al menos, una dosis (un 74,3% de la población).

Hay ciudadanos en nuestro país que no han recibido la vacuna frente al SARS-CoV-2, entre otros motivos, por desconfianza o miedo sobre los efectos secundarios que le pueden causar, porque no creen que sea efectiva, porque su estado de salud se lo impide o porque niegan la existencia del virus.

Pues bien, en los últimos días se ha generado una controversia en torno a la medida establecida por parte de distintos gobiernos autonómicos consistente en requerir el certificado de vacunación o el pasaporte COVID para acceder a distintos establecimientos, como pueden ser bares y restaurantes, hoteles, gimnasios o discotecas.

Como paso previo a ahondar en esta problemática, conviene destacar que el certificado de vacunación y el pasaporte COVID (el Certificado COVID Digital de la Unión Europea) no son expresiones sinónimas. En este sentido, el primer documento acredita que la persona ha recibido la pauta completa de vacunación, mientras que el segundo certifica que una persona: a) ha sido vacunada contra la COVID-19; b) se ha realizado una prueba diagnóstica cuyo resultado ha sido negativo; o c) se ha recuperado de la COVID-19.

Retomando el quid de la cuestión, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), habiendo tenido constancia de que distintas autonomías han impuesto la utilización del certificado de vacunación para poder acceder a diversos establecimientos, ha remitido un requerimiento de información a las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas de Canarias y de Galicia con la finalidad de comprobar la licitud del tratamiento de estos datos personales de carácter sanitario.

A estos efectos, la AEPD ha puesto de manifiesto que las autoridades europeas de protección de datos han expresado su preocupación por la exigencia de los certificados de vacunación, en distintos Estados miembros, para poder entrar en diversos establecimientos. En este sentido, afirma que la utilización para dichos fines “implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo garantías adecuadas”.

Asimismo, la AEPD recuerda que la vacunación no es obligatoria, que existen colectivos que no pueden ser inoculados por razones médicas o de otro tipo y que el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a la vacuna.

Por otro lado, son diversos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de diversas Comunidades Autónomas los que han anulado el certificado de vacunación o el pasaporte COVID para acceder a locales de ocio. Es el caso de Canarias, Andalucía, Cantabria y Galicia.

Por citar un ejemplo, el TSJ de Canarias sostiene que exigir el certificado de vacunación contra la COVID-19 para acceder a establecimientos abiertos al público implica segregar a aquellas personas que, de forma lícita, han optado por no vacunarse. Asimismo, el Tribunal ha afirmado que la decisión del Gobierno canario implica que “un número indeterminado de ciudadanos quede excluido del disfrute de la totalidad de las posibilidades que su libertad constitucionalmente proclamada le brinda”.

De igual modo, el TSJ de Canarias sostiene que el hecho de que los clientes de los establecimientos deban exhibir el certificado de vacunación o el pasaporte COVID implica la revelación a un tercero de una información concerniente a su salud que tiene derecho a mantener reservada para sí y su círculo íntimo.

Además, el Tribunal argumenta que la exigencia de dicho certificado o pasaporte alberga serias dudas sobre la idoneidad de esta medida para evitar la propagación del virus, afirmando que las personas que han sido vacunadas o que han pasado la enfermedad pueden ser potenciales transmisores, ya que no existe garantía de que estén inmunizadas.

En último término, el TSJ de Canarias alega que el pasaporte COVID únicamente se exige a los clientes de los establecimientos, pero no a los trabajadores, por lo que la medida no impediría la propagación del virus, al poderse dar el caso de que alguno de los empleados esté contagiado. Por todo ello, el Tribunal dictamina que la exhibición del certificado de vacunación o del pasaporte COVID como conditio sine qua non para acceder a diversos establecimientos no supera los juicios de idoneidad y de necesidad.


© Martínez Comín