Marine Perez
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Marine Perez

Gina Miller: aunque este nombre no le suene todavía, seguramente pronto lo escuchará en los medios. Efectivamente, esta británica de 51 años, gestora de inversiones de la City londinense, está actualmente a la cabeza de una acción legal contra el Gobierno británico que podría ralentizar e incluso bloquear la maquinaria “Brexit”, puesta en marcha el pasado 23 de junio.

Efectivamente, junto a un peluquero, a un británico residente en Francia y a otros ciudadanos, proviniendo en gran parte del mundo de las finanzas, Gina Miller presentó una demanda que está siendo examinada por la Corte Suprema de Reino Unido. ¿El objeto de esta demanda? Conocer si es legítimo o no invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa (que establece el mecanismo de salida del Reino Unido de la UE), sin que previamente haya sido objeto de votación en el Parlamento.

Esta demanda podría, en el futuro, constituir un serio obstáculo en los planes de Theresa May y de su Gobierno para llegar al Brexit, obligándoles a someter el proyecto de escisión a una votación de la Cámara de los Comunes, mayoritariamente pro-europea.

Paralelamente, un grupo llamado Fair Deal for Expats ha presentado una demanda ante los Tribunales contra el Gobierno británico alegando el derecho de los 2 millones de británicos expatriados en la UE a beneficiarse de un “acuerdo justo” de separación. El Tribunal de Belfast ha admitido también recientemente a trámite otra demanda, pidiendo la exclusión de Irlanda del Norte del procedimiento del Brexit.

Por lo tanto, la demanda presentada por Gina Miller no es del todo vanguardista, sino que se inscribe en un movimiento reciente de protestas judiciales por parte de los anti-Brexit. Sin embargo, dicho procedimiento ha sido el más mediatizado, ya que su argumentación hace hincapié en el carácter consultivo y no vinculante del referéndum del 23 de junio que tanta tinta hizo correr. A raíz de tal motivo, alegó la demandante que el Gobierno no tiene ninguna “prerrogativa real” en la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, sino que pertenecería, exclusivamente, en un primer tiempo, al Parlamento, la activación del proceso de separación de la UE.

Frente a la posibilidad de que el referéndum esté sometido a votación, Theresa May declaró estar a favor de un debate parlamentario sobre la negociación con la UE, pero rechazó toda posibilidad de votación ya que su papel es de capitanear, según sus palabras, “la voluntad popular” de los británicos que se pronunciaron el 23 de junio. La primera Ministra, incluso, ha culpado la demanda presentada por “subvertir” el resultado del referéndum.  A estas declaraciones, Gina Miller contestó, con buen criterio, que “no se trata de si nos quedamos o de si nos vamos, sino de cómo nos vamos”. Añadió que “si establecemos el precedente de que una Primera Ministra decida qué derechos tenemos y qué no, regresaremos a una dictadura y retrasaremos la democracia 400 años”.

La sentencia, que debería dictarse en las próximas semanas, se espera con ansia, tanto por los pro-europeos, por los partidarios del Brexit, como por los abogados de todo el mundo quienes, desde un punto de vista constitucional, someterán a debate los límites del Poder Ejecutivo.