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Novedades del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal
septiembre 6, 2021 -

El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha sometido a trámite de audiencia e información pública el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

A estos efectos, los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados, ya sea directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representan, u otras personas o entidades, podrán realizar las aportaciones que estimen convenientes hasta este 25 de agosto.

Conviene recordar que los procedimientos de insolvencia tienen como último objetivo la reasignación eficiente de los recursos productivos, independientemente de los dos escenarios posibles con los que nos podemos encontrar.

En el caso de que la actividad económica esté atravesando por serias dificultades pero continúe siendo viable, la finalidad consiste en facilitar reestructuraciones del pasivo que garanticen, de forma simultánea, los derechos de los acreedores y la continuidad de la empresa.

En el caso de que los obstáculos sean insalvables, de forma que la actividad económica resulte inviable, se busca la obtención del mayor valor de los activos para devolver a los acreedores el mayor porcentaje de sus créditos, siguiendo un determinado orden de prelación.

Asimismo, cuando el deudor insolvente es una persona física y es de buena fe, el concurso de acreedores le ofrece una exoneración parcial de su pasivo insatisfecho, de forma que le permite beneficiarse de una segunda oportunidad. Con ello se evitan situaciones de economía sumergida o de marginalidad.

Pues bien, el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal tiene como objetivo la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

Asimismo, en la Exposición de Motivos de la norma se afirma que con ella se pretende solucionar una serie de limitaciones mediante una reforma estructural de calado del sistema de insolvencia: “Esta reforma legislativa va a suponer el detonante de un cambio integral de la situación de los procedimientos de insolvencia en nuestro país, siendo clave para su flexibilización y agilización, y para favorecer los mecanismos preconcursales, con el fin último de facilitar la reestructuración de empresas viables y la liquidación rápida y ordenada de las que no lo son”.

De igual modo, en la Exposición de Motivos queda reflejada la consideración a la situación económica que está atravesando nuestro país como consecuencia del SARS-CoV-2: “Estos cambios normativos devienen, si cabe, más esenciales todavía como herramientas para afrontar la actual situación empresarial derivada de la pandemia de la COVID-19, ya que pese a las importantes ayudas que se han puesto en marcha, la supervivencia financiera de un importante número de las empresas españolas requerirá pasar por un proceso de reestructuración, o en su caso, de liquidación”.

Entre las principales novedades introducidas por el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que pretenden superar los obstáculos detectados, se encuentra la introducción de los “planes de reestructuración”, que constituyen un instrumento preconcursal que sustituye a los actualmente vigentes.

Los planes de reestructuración tienen como finalidad evitar la insolvencia o superarla, posibilitando una actuación en una situación de dificultades económicas previa a la de los instrumentos preconcursales con los que se cuenta hoy en día. Asimismo, la aplicación de estos planes propiciará una reestructuración más temprana, lo cual redundará en mayores probabilidades de éxito. Como consecuencia de ello, se contribuirá a la descongestión de los juzgados y, por tanto, se alcanzará una mayor eficiencia del concurso.

Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos, “En efecto, las empresas podrán acogerse a los planes de reestructuración en una situación de probabilidad de insolvencia, previa a la insolvencia inminente que se exige para poder recurrir a los actuales instrumentos”.

Por otro lado, se modifica el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, a través de numerosas medidas de carácter procedimental destinadas a agilizarlo y a facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable, o una liquidación rápida cuando no lo sea. Esta reforma ha tenido en especial consideración a las microempresas, que constituyen el 94% del tejido empresarial español, y para las que los instrumentos vigentes no han funcionado: los acuerdos extrajudiciales de pago han tenido un uso residual y el concurso implica unos costes elevados que perjudican a los acreedores.

En último término, se ha establecido un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, “ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales”.


© Martínez Comín