Ayer tuvimos el placer de participar en el MADRID VAT FORUM 2019, evento sobre la reforma del sistema de IVA intracomunitario, donde se debatió acerca de las implicaciones prácticas de la entrada en vigor de la Directiva UE 2016/1065, por la que se aprueba el tratamiento en el IVA de los bonos y vales canjeables; del futuro del comercio en internet y el uso de plataformas digitales; así como de las propuestas para la simplificación de determinadas normas en el ámbito del IVA intracomunitario y para la introducción de un régimen definitivo de la tributación en el IVA de los intercambios entre Estados miembros. Asimismo, se analizaron las novedades jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de IVA.

Además, pudimos disfrutar de ponencias de profesionales de la materia como Fernando Matesanz, Gorka Echevarría, David Gómez Aragón o Francisco Javier Sánchez Gallardo.

Este fórum se llevó a cabo teniendo muy presente que, en los próximos años, el Sistema Común de IVA será objeto de una serie de modificaciones para llegar a armonizar muchos de los aspectos reguladores del comercio electrónico de bienes y servicios y adoptar medidas para luchar contra el fraude.

Desde Martínez Comín queremos agradecer a Spanish VAT Services y muy especialmente a Fernando Matesanz por organizar tan interesante evento y darles nuestra sincera enhorabuena por ser capaces de congregar a 160 personas para hablar de IVA.

La tecnología desarrollada en los últimos años está facilitando el nacimiento de nuevos modelos de negocio disruptivos que están cambiando las reglas de juego, pues rompen con los procesos, productos y servicios existentes hasta el momento y provocan cambios en la organización económica y social.

La eclosión de estos modelos de negocio ha producido varios conflictos, uno de los más polémicos, sobre todo estos últimos días, es el surgido entre los conocidos como VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) y el colectivo de taxistas. Dicho conflicto tiene una dimensión global, sin embargo, aquí en España, está a la orden del día desde inicios de este nuevo año.

La irrupción de Uber en España en 2014 introdujo en nuestro país un nuevo modelo de negocio donde conductores no profesionales ponen sus coches a disposición de los viajeros. Sin embargo, dicho aterrizaje no duró demasiado, pues se topó con la pared de nuestros tribunales. A pesar de ello, Uber regresó a Cataluña y, junto la compañía Cabify, operan hoy en día, pero no sabemos si por mucho más tiempo, ya que ambas compañías han advertido de su marcha en el caso de que prospere la nueva regulación que prevé la aplicación de mayores restricciones.

Debemos adaptarnos con rapidez a estos nuevos modelos que pueden producir desacuerdos, pero a la vez traen nuevas posibilidades. Por ello es necesario una acción política y legislativa eficaz, para regular y garantizar que esta ola de disrupción vaya por el buen camino.

Sin embargo, puede que este conflicto se resuelva solo, pues todo apunta a que, en un futuro no muy lejano, los vehículos autónomos sin conductor estarán a la orden del día.

El pasado 19 de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018 de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que introducía importantes reformas en la regulación de los contratos de arrendamiento de viviendas, con el objetivo de fomentar el alquiler justo y evitar la especulación inmobiliaria.

Para ello regulaba modificaciones tales como la ampliación de 3 a 5 años del plazo mínimo de duración de los arrendamientos (o 7 si el arrendador era persona jurídica); la extensión del plazo de prórroga tácita hasta los 3 años; la limitación de las garantías exigibles al margen de la fianza al importe equivalente de 2 mensualidades; la imposición de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato al propietario si era una persona jurídica; la exención del ITP y AJD cuando el arrendamiento de vivienda era para uso estable y permanente; entre otras.

Pero, dicho Real Decreto tenía los días contados pues la urgencia o necesidad que avalaba su existencia debía ser convalidada por el Congreso de los Diputados y eso no ha sucedido, quedando automáticamente derogado, pero habiendo producido efectos durante su vigencia, por lo que los contratos que se hayan firmado durante la misma tendrán plena validez y producirán todos sus efectos.

El motivo de la corta vigencia de este Real Decreto es que su contenido difería mucho del que inicialmente se había previsto y fue objeto de negociación con otros partidos. Así, algunos de los aspectos que no se incluyen en el texto son:

• La eliminación de la publicidad registral de los contratos para que tengan eficacia legal frente a terceros.
• El aumento del plazo de preaviso para dar por extinguido el contrato por el arrendador.
• La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los procedimientos arrendaticios se tramiten por cuantía y no por materia.
• La obligación de que el arrendador asuma todos los gastos del contrato, sin admitirse pacto en contrario.
• La limitación temporal y excepcional, de rentas a precio de mercado en zonas urbanas declaradas de mercado tensionado para evitar la especulación con el mercado de la vivienda.

A efectos prácticos, el mercado del alquiler vuelve a regirse conforme a las normas recogidas en la LAU de 1994 y en sus respectivas modificaciones. Así, nos volvemos a encontrar con la existencia de un enrevesado derecho transitorio que otorga significado a la expresión, cada vez más generalizada, Ley de “enredamientos” Urbanos.