NOVEDADES
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable
marzo 30, 2020 - COVID-19

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Desde que se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han acordado diversas medidas con el objetivo de disminuir la propagación del virus, mediante la limitación de la movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas.

Sin embargo, a pesar de la aplicación de estas medidas de confinamiento y distanciamiento social, el número de contagios aún no se ha visto suficientemente reducido, por ello, se ha creído necesario por parte del Gobierno aplicar otras medidas que incidan en el control de la propagación del virus para conseguir el objetivo deseado.

Ello se hace a través del Real Decreto-ley 10/2020, aprobado ayer, donde se limita al máximo la movilidad e incide directamente en la actividad laboral y profesional, teniendo en cuenta que es la causa de la mayoría de los desplazamientos.

El Real Decreto-ley 10/2020 regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma. En el Anexo del Real Decreto-ley 10/2020 se puede consultar qué actividades o servicios tienen la consideración de esenciales y por ello no les es de aplicación el permiso retribuido a sus trabajadores.

En este sentido, se entienden como actividades o servicios esenciales, los siguientes:

  • Las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Estas son: establecimientos de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, farmacias, establecimientos médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, servicios a domicilio de hostelería y restauración, transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento, aduanas, suministro de energía eléctrica, derivados del petróleo y gas natural y operadores de servicios esenciales.
  • Actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad.
  • Actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
  • Servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección y equipamiento sanitario y hospitalario.
  • Industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales.
  • Servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma.
  • Servicios de Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. También servicios de seguridad privada.
  • Actividades de mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
  • Actividades sanitarias, así como servicios para atender mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad.
  • Actividades de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19.
  • Servicios funerarios y otras actividades conexas.
  • Servicios de atención sanitaria a animales.
  • Actividad de venta de prensa y medios de comunicación o agencias de noticias, así como en su impresión o distribución.
  • Servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
  • Servicios de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan.
  • Servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.
  • Servicios prestados por abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas.
  • Servicios de despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
  • Servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales.
  • Servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia.
  • Servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.
  • Servicios de Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
  • Actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
  • Servicios indispensables para la provisión de servicios meteorológicos.
  • Servicio postal universal.
  • Servicios en relación con la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje y tránsito aduanero.
  • Servicios de distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
  • Otros servicios que hayan sido considerados esenciales.

 

Asimismo,  el propio Real Decreto-ley, exceptúa de la aplicación a:

  • Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales.
  • Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores esenciales.
  • Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto en el Real Decreto-ley.
  • Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
  • Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

Así los trabajadores por cuenta ajena que desarrollen actividades consideradas como no esenciales,  conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.

Se establece que la recuperación de las horas no prestadas durante este permiso retribuido se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal, ni la superación de la jornada máxima anual. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Se añade que dicha recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas, que tendrá una duración máxima de siete días, entre la empresa y la representación legal de los trabajadores o una comisión representativa integrada por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación.

Durante este periodo de consultas, las partes deberán intentar llegar a un acuerdo que requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso extraordinario. Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje.

El acuerdo podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante (dicho plazo de preaviso no podrá ser inferior al recogido en el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas.

Asimismo, se ha previsto en el propio Real Decreto-ley una excepción para el día de hoy, lunes 30 de marzo, para aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, en cuyo caso se podrán prestar servicios solo hoy, con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el cumplimiento de este permiso.

También se establece una excepción para el personal de actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley.

Finalmente, en las disposiciones adicionales del Real Decreto-ley, se establecen previsiones específicas para empleados públicos y personal con legislación específica propia, servicios esenciales de la Administración de Justicia y otros colectivos.

Las empresa empezarán a controlar la jornada de sus trabajadores a ...


© Martínez Comín