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Real Decreto-Ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo
abril 23, 2020 -

RDL 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

El 22 de abril de 2020, se publicó en el BOE el RDL 15/20202, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, el cual entrará en vigor mañana, 23 de abril de 2020, según lo dispuesto en la DF 13ª.

 

Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos (Arts. 1 a 5)

  • La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda o de industria (según artículo 3 de la LAU), podrá solicitar del arrendador:

 

  1. Cuando este sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor[1], en el plazo de un mes desde el 23 de abril, una moratoria que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes. Así, la moratoria se aplicará de manera automática durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los 4 meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de 2 años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de crisis, o a partir de la finalización del plazo de los 4 meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

 

  1. Cuando el arrendador sea distinto de los definidos anteriormente, en el plazo de un mes desde el 23 de abril, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre las partes. Las partes podrán disponer libremente de la fianza, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia, sin perjuicio que el arrendatario deba reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de 1 año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

 

  • Los autónomos y pymes arrendatarios podrán acceder a las medidas previstas anteriormente para el caso de contratos de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica cuando cumplan y acrediten los requisitos previstos en la norma:

 

  • Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la crisis.
  • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la crisis, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
  • Además, para el caso de autónomos se deberá acreditar estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA; y para el caso de pymes, se deberá acreditar que no se superan los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

El cumplimiento de estos requisitos se acreditará aportando la documentación prevista en el art. 4 del RDL, advirtiendo la norma que el beneficio indebido del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, por no reunir dichos requisitos, determinará las oportunas responsabilidades.

 

Medidas para reforzar la financiación empresarial (Arts. 6 y 7)

  • Cuando los beneficiarios de préstamos de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P., se hayan visto afectados a causa de la crisis por el COVID-19 por períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que les impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de pago, podrán obtener un aplazamiento de las cuotas de los préstamos suscritos.

 

De esta forma, podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas que se hallen pendientes de pago y cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 (todos inclusive). Este aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas, salvo solicitud expresa en contrario, hasta transcurridos 2 meses después de la finalización del estado de alarma. Las cuotas aplazadas deberán ser abonadas antes del fin del período de vigencia del respectivo préstamo, y no podrán entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses ordinarios.

 

Las condiciones que deberán cumplirse para la concesión de estos aplazamientos son:

 

  1. Las cuotas objeto de aplazamiento no habrán sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento anterior ni reclamadas judicial o extrajudicialmente por el IDAE.

 

  1. Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.

 

  1. El interesado habrá formulado declaración responsable donde conste, al momento de solicitar el correspondiente aplazamiento, que se encuentra en una situación económica desfavorable como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, que le ha originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que le impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de reembolso derivadas del correspondiente préstamo concertado con IDAE, incluyendo no encontrarse en situación concursal.

 

El procedimiento para la concesión de estos aplazamientos será el que tenga establecido el Consejo de Administración del IDAE para la concesión de aplazamientos de sus préstamos sujetos a derecho privado.

 

Sin perjuicio de otras responsabilidades, se procederá al vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo si se hubiesen aportado datos falsos o sesgados que hubieran servido de fundamento para la concesión del aplazamiento.

 

  • El Consorcio de Compensación de Seguros podrá aceptar en reaseguro los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar en los ramos de seguro de crédito y de caución.

 

Las condiciones básicas del reaseguro aceptado por el Consorcio de Compensación de Seguros serán las siguientes:

 

  1. Modalidades de la cobertura, serán las comunes en el mercado de reaseguro.

 

  1. Condiciones económicas, que deben aplicarse con el objetivo de procurar el equilibrio financiero del acuerdo a largo plazo, contemplándose, entre otras, la compensación que corresponda por los gastos de gestión en que incurra el Consorcio de Compensación de Seguros.

 

  1. Objeto y vigencia temporal. La cobertura podrá aplicarse, a partir del día 1 de enero de 2020, a las operaciones de seguro, que sean llevadas a cabo por entidades aseguradoras autorizadas en el ramo de crédito con un volumen de operaciones significativo, y cuyos asegurados estén domiciliados en España. Su vigencia temporal se mantendrá en tanto subsistan las razones de interés general que justificaron su adopción y por un periodo mínimo de 2 años.

 

 

Medidas fiscales (Arts. 8 a 12)

  • IVA: el tipo impositivo aplicable a entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social será del 0%, con efectos desde la entrada en vigor de este RDL y vigencia hasta el 31 de julio de 2020. Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

 

  • IS: se prevé una opción extraordinaria por la modalidad de pago fraccionado prevista en el artículo 40.3 de la LIS cuyo importe se determina en función de la base imponible.

 

– Contribuyentes cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020 con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019: podrán ejercitar esta opción mediante la presentación dentro del plazo ampliado hasta el 20 de mayo de 2020.

 

– Contribuyentes cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020 y que en los 12 meses anteriores su importe neto de la cifra de negocios no haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros: podrán ejercitar esta opción en el segundo pago fraccionado que deberá efectuarse en los 20 primeros días naturales del mes de octubre de 2020.

El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositivo.

El contribuyente solo quedará vinculado a esta modalidad de pago fraccionado respecto a los pagos del mismo periodo impositivo.

Esta opción no se aplicará a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal.

  • IRPF: se establece una limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020. En este sentido, se permite a los contribuyentes presentar el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2020, cuyo plazo de presentación se ha extendido hasta el día 20 de mayo, calculado mediante el método de estimación directa, lo que conlleva la renuncia tácita al método de estimación objetiva para el año 2020, sin que esta opción se deba mantener en los 3 años siguientes, pudiendo volver a utilizar el método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre que se cumplan los requisitos para su aplicación y se revoque la renuncia al citado método durante el mes de diciembre de 2020 o mediante la presentación en el plazo de la declaración correspondiente al pago del primer trimestre del ejercicio 2021.

 

Esta renuncia y su posterior revocación tendrán los mismos efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el IVA o en el IGIC.

 

  • Para el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado de alarma declarado, no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

 

  • No se iniciará el período ejecutivo en las deudas resultantes de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso voluntario concluya entre el 20 de abril y 30 de mayo de 2020, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

 

  1. Que se haya solicitado dentro del periodo voluntario de presentación o anteriormente y para el pago de las deudas tributarias derivadas de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, la financiación a entidades de crédito con aval del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el menos en el importe de dichas deudas.

 

  1. El obligado tributario aporte a la AEAT dentro de los 5 días posteriores al fin del plazo voluntario de presentación de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, certificado expedido por la entidad financiera que acredite la solicitud de dicha financiación y en el que se incluya el importe y las deudas tributarias financiadas.

 

  1. Que la solicitud de financiación se conceda como mínimo en el importe de las deudas tributarias.

 

  1. Que las deudas tributarias sean pagadas efectivamente de manera completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación, entendiéndose incumplido este requisito si no se produce el ingreso en el plazo de 1 mes desde la finalización del periodo voluntario de pago de las respectivas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.

 

El incumplimiento de los requisitos anteriores tendrá como consecuencia que no se considerará suspendido el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo de presentación y pago voluntario respectivo.

 

Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo (arts. 13 a 21)

  • Durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:
  1. a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento. En este caso, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.
  2. b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

Durante la vigencia del estado de alarma o de cualquiera de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación o Promoción cuando la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales. Esta asunción excepcional se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020 cuando la protección de la salud de las socias y socios de la cooperativa continúe exigiendo la celebración virtual de la Asamblea General de la sociedad cooperativa y esta no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes.

 

El Fondo de Formación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado como recurso financiero, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.

 

  • Prórroga de 12 meses más, del plazo de 36 meses contemplado en el artículo 1.2 b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el límite previsto. Esta prórroga solo será aplicable a las sociedades laborales constituidas durante el año 2017.

 

  • Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 (Carácter preferente del trabajo a distancia) y 6 (Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada) del del RDL 8/2020 durante los 2 meses posteriores al cumplimiento del mes desde la entrada en vigor del RDL 8/2020.

 

  • Modificación del titulo del artículo 6 del RDL 8/2020 que pasa a ser el siguiente: «Artículo 6. Plan MECUIDA».

 

  • Las Autoridades Portuarias podrán reducir motivadamente los tráficos mínimos exigidos para el año 2020, que se encuentren establecidos en los correspondientes títulos concesionales, en aquellos casos en los que no sea posible alcanzar dicha actividad o tráficos mínimos comprometidos por causa de la crisis del COVID-19. No se aplicarán las penalizaciones por incumplimientos de actividad o tráficos mínimos atribuibles a la crisis del COVID-19 durante el ejercicio de 2020.

 

  • Podrá reducirse la tasa de ocupación de las concesiones o autorizaciones, en las liquidaciones que se notifiquen con posterioridad al 23 de abril, para el ejercicio 2020, cuando se acredite que han experimentado un impacto significativamente negativo en su actividad como consecuencia de la crisis del COVID-19. Para la evaluación de dicho impacto se tomará como base la actividad de los últimos 4 años o, en su defecto, de ingresos imputables a dicha actividad.

 

La reducción será aprobada por el Consejo de Administración de cada Autoridad Portuaria, sin que pueda superar el 60 % de la cuota íntegra en el caso de terminales de pasajeros y hasta el 20 % en el resto de concesiones o autorizaciones.

 

  • Las Autoridades Portuarias podrán dejar sin efecto para el año 2020 el límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad. También podrán modificar para 2020 la exigibilidad de la tasa de actividad, suprimiendo en su caso el pago anticipado y difiriendo su liquidación al final del ejercicio. En todo caso no será requerida más garantía que la del propio título concesional o autorización otorgada.

 

  • Exención de la tasa buque, a partir del 23 de abril y durante el ejercicio 2020, cuando este deba encontrase amarrado o fondeado en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la Autoridad competente por razón de la crisis del COVID-19, mientras dure esta circunstancia.

 

A los buques de servicios marítimos que dejen de operar se les aplicará en la tasa del buque (T-1) el coeficiente por estancia prolongada en lo que se refiere a buques inactivos, desde el primer día de estancia en aguas portuarias.

 

Para los buques destinados a la prestación de servicios portuarios el coeficiente previsto en el artículo 197.1.e). 8.º del TR de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, se reducirá al 1,16.

 

Para todas aquellas escalas que se registren desde el 23 de abril hasta que finalice el estado alarma, se establece un valor de 1,08 € para la cuantía básica S de la tasa del buque, a excepción de los buques que estén adscritos a un servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada en cuyo caso dicho valor será de 0,60 €.

 

  • Las Autoridades Portuarias podrán conceder un aplazamiento por un máximo de 6 meses de la deuda tributaria correspondiente de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas desde la fecha de entrada en vigor del RDL7/2020 y hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive, sin devengarse intereses de demora.

 

  • Las pérdidas de ingresos como consecuencia de la reducción en la cuota íntegra de tasa de ocupación se tendrán en cuenta como criterio en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario de 2020 y 2021.

 

Medidas de protección de los ciudadanos (arts. 22 al 26)

 

  • Ampliación de la cobertura de la prestación a los trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que haya decaído.

 

La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19.

 

  • Respecto a la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se seguirán las siguientes normas:

 

  • Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida.

 

Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de prestación definida o mixtos también podrán disponer de los derechos consolidados en caso de estar afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al público de establecimientos o el cese de actividad, cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo prevean las especificaciones del plan aprobadas por su comisión de control en las condiciones que estas establezcan.

 

  • La concurrencia de las circunstancias a para hacer efectivos estos derechos consolidados se acreditará por el partícipe del plan de pensiones que solicite la disposición mediante la presentación de los siguientes documentos ante la entidad gestora de fondos de pensiones:
  1. a) Partícipe afectado por un ERTE, presentará el certificado de la empresa en el que se acredite que este extremo, indicando los efectos del mismo en la relación laboral para el partícipe.
  2. b) Cuando el partícipe sea empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida, presentará declaración, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos para poder hacer efectivos sus derechos consolidados.
  3. c) Partícipe sea trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta y haya cesado en su actividad durante el estado de alarma se presentará el certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  4. d) Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de 1 mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

El importe de los derechos consolidados disponible será el justificado por el partícipe a la entidad gestora de fondos de pensiones, con el límite máximo de la menor de las 2 cuantías siguientes para el conjunto de planes de pensiones de los que sea titular:

O la cuantía de:

  1. a) Partícipe afectado por un ERTE: los salarios netos dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados con la última nómina previa a esta situación.
  2. b) Partícipe empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida: los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados mediante la presentación de la declaración anual del IRPF correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del IRPF y las autoliquidaciones del IVA correspondientes al último trimestre.
  3. c) Partícipe trabajadores por cuenta propia y hayan cesado en su actividad: los ingresos netos que se hayan dejado de percibir como consecuencia de la situación de cese de actividad durante un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del IRPF correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del IRPF y las autoliquidaciones del IVA correspondientes al último trimestre.

O la cuantía de:

El resultado de prorratear el IPREM anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado por 3 en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE, al periodo de suspensión de la apertura al público del establecimiento o al periodo de cese de la actividad, según corresponda. En todo caso, en los 3 supuestos el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

 

El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de 7 días hábiles desde que el partícipe presente la documentación. En el caso de los planes de pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo se ampliará hasta 30 días hábiles desde que el partícipe presente la documentación.

Todo ello será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social.

 

  • Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que, por medio de resolución y previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, pueda acordar la prórroga de los siguientes términos y plazos para los ejercicios que expresamente se indican:

 

  • Los relativos a la presentación del Informe Periódico de Supervisión durante el año 2020; la presentación ante la autoridad supervisora y la publicación del Informe de Situación Financiera y de Solvencia referida al cierre del ejercicio económico 2019 y del correspondiente Informe Especial de Revisión; y la presentación ante la autoridad supervisora de la información cuantitativa, o estadístico-contable, anual por el ejercicio económico 2019 y trimestral por el primer trimestre del ejercicio económico 2020, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá también decidir el orden temporal de presentación de los modelos establecidos para tales periodos, conforme a las directrices y recomendaciones de la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y Pensiones de Jubilación.

 

  • Los plazos y términos relativos a la presentación ante la autoridad supervisora del Informe sobre el grado de cumplimiento de las normas de separación entre la entidad gestora y la depositaria; del Informe sobre la efectividad de los procedimientos de control interno de las entidades gestoras de fondos de pensiones; de la Revisión financiero actuarial; y de la información estadística, financiera y contable, a efectos de supervisión, de los fondos de pensiones que actúan en España y de sus entidades gestoras, correspondiente al cierre del ejercicio económico 2019 y al primer trimestre del ejercicio económico 2020, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar la configuración y contenido de los modelos a presentar para tales periodos.

 

  • Los plazos y términos relativos a la presentación ante la autoridad supervisora de la información estadístico-contable y de negocio correspondiente al cierre del ejercicio económico 2019.

 

  • En relación con la cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, con efectos desde el 1 de enero de 2020, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11%.

 

  • Se acuerda la creación de la Fundación España Deporte Global, F.S.P., como organización sin fin de lucro, que tiene como fin fundacional la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como la internacionalización del deporte español.

 

Disposiciones adicionales, transitorias y finales

DA 1ª. Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 33 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, y en las DA 8ª y 9ª del RDL 11/2020, de 31 de marzo, se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020.

DA 2º. Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El periodo de vigencia del estado de alarma, así como sus posibles prórrogas, no computarán a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y SS ni en la duración de los plazos fijados por los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y SS para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos, salvo actuaciones comprobatorias, requerimientos y órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables.

Durante el periodo de vigencia del estado de alarma quedan suspendidos los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social.

Todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social están afectados por la suspensión de plazos administrativos prevista en el RDL 463/2020, de 14 de marzo.

DA 3ª. En relación con la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, aprobada en el artículo 9 del RDL 11/2020, de 31 de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá conceder avales por un importe máximo de 1.200 millones de euros.

DA 4ª. Ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido para las ayudas para la reconstrucción o rehabilitación de viviendas o para la reparación de daños causados por los seísmos ocurridos en Lorca, Murcia, en 2011.

DA 5ª. La asistencia jurídica que deba prestarse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, comprenderá tanto el asesoramiento como la representación y defensa en juicio en materia de clases pasivas y otras prestaciones, así como la asistencia jurídica en aquellos asuntos que afecten a los intereses de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en los términos que determine la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

DA 6ª. Adaptación normativa de la legislación del Régimen de Clases Pasivas.

DA 7ª. Financiación estatal de los gastos imputables a la gestión del Régimen de Clases Pasivas. El Estado transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de la totalidad del gasto en que incurran el INSS, la TGSS, la IGSS, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social por la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

DA 8ª. Gestión por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de determinadas prestaciones públicas.

DA 9ª. Reglas aplicables a las ayudas con cargo a financiación de convocatorias públicas en el ámbito universitario

DA 10ª. Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora.

DA 11ª. Efectos en la incapacidad temporal de la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social realizada por los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el artículo 17 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

La opción por una mutua colaboradora con la SS de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos realizada para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, dará lugar a que la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad, así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias.

La responsabilidad del pago de las prestaciones económicas derivadas de los procesos que se hallen en curso en el momento de la fecha de formalización de la protección seguirá correspondiendo a la entidad gestora.

DA 12ª. Apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos.

DA 13ª. Autorización de endeudamiento del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

DA 14ª. Disposición adicional decimocuarta. Reglas aplicables a los contratos predoctorales para personal investigador en formación suscritos en el ámbito de la investigación.

DA 15ª. Otorgamiento unilateral por el acreedor de los instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho inscribible distinto.

El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de 3 meses prevista en el RDL 8/2020, no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito inmobiliario.

Será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación a escritura pública del reconocimiento de la suspensión, a los efectos de que pueda procederse a la inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la Propiedad, así como promover la formalización de la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento de la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria y, la inscripción, en su caso, en el Registro de Bienes Muebles.

DT 1ª. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El no inicio del periodo ejecutivo para determinadas deudas tributarias, será de aplicación a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020.

En el caso de deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020 pero que hubieran sido objeto de presentación con anterioridad a la entrada en vigor de RDL, respecto de las que ya se hubiese iniciado el periodo ejecutivo, se considerarán en periodo voluntario de ingreso cuando se den conjuntamente las siguientes circunstancias:

  1. a) Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria en el plazo máximo de 5 días a contar desde el siguiente al de la entrada en vigor de este RDL, un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación.
  2. b) Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas mencionadas.
  3. d) Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.

El incumplimiento de alguno de estos requisitos determinará el inicio o la continuación de las actuaciones recaudatorias en periodo ejecutivo desde la fecha en que dicho periodo se inició.

DT 2ª. Régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases Pasivas.

DT 3ª. Régimen transitorio hasta la aprobación de los Estatutos de la Fundación España Deporte Global, F.S.P. y su inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

DT 4ª. Disposiciones aplicables a determinados préstamos universitarios.

DT 5ª. Comprobación de los requisitos de incorporación en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

DF 1ª. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el RDLEg. 670/1987, de 30 de abril.

DF 2ª. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se reduce al 4% el tipo impositivo aplicable a los libros, periódicos y revistas digitales modificando para ello el artículo 91. Dos, 2º de la LIVA.

DF 3ª. Modificación del art. 23.1.c), 23.2 y 43.3 del TR de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el RD Leg. 5/2000, de 4 de agosto.

DF 4ª. Modificación del RDL 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.

DF 5ª. Modificación del RDL 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

DF 6ª. Modificación del artículo 324.1 y 324.2 del TR de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

DF 7ª. Modificación del art. 159.4.d), relativo a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.

DF 8ª. Modificación de los arts. 17.7 (Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados), 22.1 (Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada), 25.6 (Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos), 29.1 y 2 (Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado) y 33.3 (Suspensión de plazos en el ámbito tributario), del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

DF 9ª. Modificación de la DA 2ª (Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas) del RDL 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, relativa al régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.

DF 10ª. Modificación del subapartado iv.a) del artículo 5.1; el subapartado iv.b) del artículo 16.1; el art. 24.6; el 35, el art. 36.1 y se añade un nuevo apartado 3 a la DA 8ª, todo ello, del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

DF 11ª. Título competencial.

DF 12ª. Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este RDL.

 

[1] Persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2


© Martínez Comín