Martinez Comín
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Martinez Comín

Se acerca la fecha clave de 30 de marzo y el Reino Unido aún no ha ratificado el acuerdo de retirada de la UE. Tal y como adelantábamos en un post anterior, un Brexit sin acuerdo puede acarrear muchas incertidumbres sobre los mecanismos de regulación de las relaciones entre este país y la UE. Es por ello por lo que el Gobierno español ha adoptado una serie de medidas de contingencia a través del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, para paliar las posibles consecuencias y efectos del Brexit.

A través de este Real Decreto-ley, que entrará en vigor el día que los Tratados de la UE dejen de aplicarse a Reino Unido, a menos que se alcance un acuerdo de retirada, se adopta un conjunto de medidas para mitigar efectos y conseguir dos objetivos básicos: preservar el derecho a la libre circulación de personas y preservar el normal desarrollo de flujos comerciales y de intereses económicos.

Las medidas afectan a sectores muy variados: desde la ciudadanía o las actividades económicas hasta los transportes o la cooperación policial y judicial internacional.

Así, por ejemplo, los británicos hasta finales de 2020 mantendrán su residencia legal como hasta ahora, pero antes de que acabe ese año deberán solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Se prevé también que durante 21 meses desde la retirada de UK se seguirá prestando asistencia sanitaria a sus nacionales, pero a cargo de las entidades británicas y siempre que exista una reciprocidad por parte del Reino Unido para los nacionales españoles. Asimismo, en el ámbito del transporte aéreo se pospone la consideración de UK como destino internacional.

Debemos tener presente que se trata de medidas con carácter temporal, pues en el caso que, transcurrido el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, las autoridades británicas no concedan un tratamiento recíproco a las personas españolas (físicas o jurídicas), estas medidas serán suspendidas.