NOVEDADES
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19
marzo 17, 2021 -

El pasado 13 de marzo se publicó y entró en vigor el Real Decreto-ley 5/2021 (RDL), de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Se crea la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, para las empresas no financieras y los autónomos más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente.

La dotación de esta línea asciende a 7.000 millones de euros.

Las ayudas directas recibidas tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este RDL.

Requisitos de elegibilidad

Se considerarán destinatarios:

  • Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el Anexo I del RDL y cuyo volumen de operaciones anual en el IVA o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.

Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF adscritos a los sectores definidos en el Anexo I.

Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se clasifique en alguno de los CNAEs previstos en el Anexo I.

Para el caso de grupos consolidados que tributen en el IS en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario el grupo como un contribuyente único, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.

No se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que en la declaración del IRPF correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.

La percepción de estas ayudas supone un compromiso de mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022, debiendo justificarse tras esa fecha al órgano concedente, o, en caso de incumplimiento, proceder al reintegro de las ayudas.

Criterios para fijación de la cuantía de la ayuda

Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla establecerán los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:

  • 000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.
  • Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual en el IVA (o tributo indirecto equivalente), haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:
  • El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
  • El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

La ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. En Baleares y Canarias podrán aumentarse los límites máximos.

Las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla deberán convocar los procesos de asignación de dichas ayudas. El plazo máximo para la concesión es el 31 de diciembre de 2021. Se establecerán reglas para poder concurrir a la convocatoria de ayudas realizadas por distintas Comunidades Autónomas. Para ello, será determinante si el volumen de operaciones superó la cifra de 10.000.000 de euros en 2020.

 

Reparto territorial de la Línea de ayuda

La línea estará compuesta por dos compartimentos:

  • Compartimento, con una dotación de 000 millones de euros, que se asignarán a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias. Se repartirán de forma proporcional al peso de cada Comunidad Autónoma en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos, esto es, descontando el efecto de los ERTEs, de acuerdo con el certificado que a tal efecto emita el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
  • Compartimento, con una dotación de 000 millones de euros, que se asignarán a todas las demás Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla. Se distribuirán de manera proporcional a la asignación del REACT EU, en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil.

LÍNEA PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA FINANCIERA COVID

Se establecen medidas de apoyo público que contribuyan a reforzar la solvencia de las empresas y autónomos con domicilio social en España que atraviesen un desequilibrio patrimonial temporal como consecuencia de la COVID-19.

Ámbito de aplicación

Empresas y autónomos con sede social en España, que hayan suscrito operaciones de financiación que cuenten con aval público concedido entre el 17 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021.

También podrán aplicarse estas medidas a las operaciones de financiación concedidas entre el 17 de marzo de 2020 y el 13 de marzo de 2021 y que cuenten con reaval concedido por CERSA.

Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir para acogerse a estas medidas se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

La empresa o autónomo deberá haber solicitado previamente a las entidades financieras y estas haber comunicado la formalización a ICO las medidas de ampliación de plazos y carencias, recogidas en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

Medidas de apoyo público a la solvencia

  • Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público, en los términos que se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros.
  • Mantenimiento del aval público en caso de la conversión de las operaciones del principal pendiente en operaciones de financiación con aval público.
  • Medidas para la reducción de su endeudamiento: el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá realizar transferencias a las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos por el Código de Buenas Prácticas con la finalidad exclusiva de reducir el principal pendiente de las operaciones financieras.
  • Creación de la «Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid»: para atender los gastos derivados de las medidas para la reducción del endeudamiento, con una dotación inicial que asciende a 3.000 millones de euros.

Código de Buenas Prácticas

El Código de Buenas Prácticas, cuyo contenido se aprobará mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras.

Las entidades financieras habrán de informar adecuadamente a sus clientes sobre su adhesión o no al Código de Buenas Prácticas y la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en él.

Formalización en escritura pública

Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de las operaciones de refinanciación reguladas en este RDL y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de desarrollo, se bonificarán en un 50%. Las escrituras de formalización de extensión de plazos de vencimiento estarán exentas de AJD.

Moderación de los intereses moratorios

En todos los contratos de crédito o préstamo regulados en este RDL el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor solicite a la entidad financiera la aplicación de cualquiera de las medidas del Código de Buenas Prácticas, y acredite ante la citada entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 1% sobre el capital pendiente del préstamo.

Régimen de cobranza aplicable a los avales ICO

A los avales otorgados en virtud del artículo 29 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y del artículo 1 del Real decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo les será aplicable un régimen jurídico de recuperación y cobranza.

  • Se seguirá para el conjunto del principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, de acuerdo con la normativa y prácticas de las entidades financieras, y no serán de aplicación los procedimientos y las prerrogativas de cobranza previstos en el artículo 116 bis y 10.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
  • Corresponderá a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de estos avales.
  • Las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del Estado sin recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
  • Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se podrán otorgar autorizaciones generales en determinados supuestos para conceder a dichas operaciones aplazamientos y fraccionamientos.
  • Los créditos derivados de la ejecución de estos avales podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y se considerarán pasivo financiero a efectos de la homologación de los acuerdos de refinanciación.
  • Los créditos derivados de la ejecución de los avales ICO ostentarán el rango de crédito ordinario en caso de declaración de concurso del deudor

Se amplía el plazo de concesión de avales ICO hasta el 31 de diciembre de 2021.

Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid

Se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por Covid, que tiene por objeto aportar apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, para reforzar la solvencia de las empresas con sede social en España, cuyos criterios básicos de elegibilidad se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros. El Fondo aportará dicho apoyo exclusivamente en forma de instrumentos de deuda, de capital e híbridos de capital, o una combinación de ellos, a empresas no financieras, que previamente lo hubieran solicitado y que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La dotación del Fondo asciende a 1.000 millones de euros.

En ningún caso el Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se consideren inviables a futuro.

La financiación otorgada con cargo a este Fondo será incompatible con la otorgada por el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, previsto en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para la reactivación económica y el empleo.

Ampliación extraordinaria del plazo de ejecución y justificación de los proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.

En los procedimientos de concesión de apoyo a proyectos industriales competencia de la Secretaría General de Industria y de la PYME y que ya hubieran sido objeto de una ampliación, ordinaria o extraordinaria, del plazo de ejecución, las resoluciones podrán ser modificadas a instancia del beneficiario para ampliar los plazos de ejecución de la actividad y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.

Ampliación del plazo de suspensión de pagos y devengos de préstamos Emprendetur de la Secretaría de Estado de Turismo.

Se amplía durante un año adicional la suspensión del pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos Emprendetur.

Aplazamiento de deudas tributarias.

Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

  • El plazo será de 6 meses.
  • No se devengarán intereses de demora durante los primeros 4 meses del aplazamiento.

Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos

Los destinatarios de las medidas previstas en este RDL deberán cumplir en el momento de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:

  • No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
  • No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
  • Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
  • Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
  • No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
  • No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Compromisos de las empresas y autónomos

Los destinatarios de las medidas previstas en el RDL asumen los siguientes compromisos:

  • Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
  • No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
  • No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de 2 años desde aplicación de alguna de las medidas.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros podrán establecerse requisitos adicionales.

Juntas telemáticas en sociedades anónimas

Se permite que se celebren juntas telemáticas durante el ejercicio 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto.

Medidas concursales

Se amplia hasta el 31 de diciembre de 2021:

  • El plazo para presentar modificaciones al convenio que se esté incumpliendo.
  • La suspensión de la obligación del deudor concursado de pedir la liquidación si no se puede cumplir el convenio aprobado.
  • La suspensión de la obligación del deudor insolvente de pedir su concurso. El computo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso comenzará a contar el día siguiente a esa fecha.

© Martínez Comín