Martinez Comín
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El pasado 16 de febrero entró en vigor el Reglamento 2016/1191 sobre documentos públicos aplicable a todos los países de la UE, el cual reduce y agiliza la burocracia y los costes para los ciudadanos europeos que necesitan presentar en un país de la UE un documento público expedido en otro Estado de la UE.

Con anterioridad a este Reglamento, para presentar un documento público en otro Estado de la UE se debía obtener la apostilla de la Haya y, en muchas ocasiones, también se exigía una copia certificada y una traducción.

Ahora, muchos de los requisitos burocráticos desaparecen, así algunos documentos públicos deben ser aceptados como auténticos sin necesidad de la apostilla. También se suprime la exigencia de aportar, junto con el documento público original, la copia certificada del mismo, así como la obligación de aportar una traducción poniendo a disposición de los ciudadanos unos impresos estándares multilingües disponibles en todas las lenguas de la UE, en sustitución de dicha traducción. De esta forma, las autoridades solo podrán exigir una traducción en circunstancias excepcionales, pero, además, en el caso que la exijan, deben aceptar la realizada en cualquier país de la UE.

En caso de que la autoridad tenga dudas acerca de la autenticidad de los documentos, puede realizar una comprobación ante la autoridad de expedición a través de una plataforma informática, agilizando de esta forma los plazos.

Ahora bien, este Reglamento no aborda el reconocimiento de los efectos jurídicos de estos documentos públicos en otros países, pues esta materia sigue estando regulada por la legislación nacional de cada país.

Los documentos públicos que conforman el ámbito de aplicación del Reglamento son: (i) nacimiento; (ii) Hecho de que una persona está viva; (iii) defunción; (iv) nombre; (v) matrimonio; (vi) divorcio, la separación judicial o la anulación del matrimonio; (vii) unión de hecho registrada; (viii) filiación; (ix) adopción; (x) domicilio o residencia; (xi) nacionalidad; (xii) ausencia de antecedentes penales; (xiii) derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo.