NOVEDADES
Talón de Aquiles
junio 11, 2019 - Sala de Prensa

A finales de la década de los noventa, en la tercera fase Unión Económica y Monetaria, con el ánimo de armonizar las políticas económicas que servían de complemento a las políticas monetarias, y conseguir así el éxito en la adopción del euro como moneda única, los Estados se vieron obligados a cumplir los cuatro criterios de convergencia establecidos en el art. 109 J TUE y Protocolo nº 6 que, de forma resumida, requerían: (i) el logro de una alto grado de estabilidad de precios; (ii) finanzas públicas en situación sostenible; (iii) respeto de los márgenes normales de fluctución que establece el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo y (iv), todo lo anterior debería reflejarse en los niveles de tipo de interés a largo plazo.

Montse Hernández. Diari de Tarragona 9 de junio de 2019

Precisamente, cumplir con el segundo de los criterios de convergencia -mantener unas finanzas públicas sostenibles- pasa por el íntegro cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Principio que, a nivel europeo, tiene su reflejo en el art. 126 TFUE y, a nivel interno, en el art. 135 CE.

A nivel europeo, la observancia de la disciplina presupuestaria recae sobre Comisión Europea, quien la realiza atendido a dos criterios básicos: el del déficit público y el de la deuda pública. Así, existe déficit público excesivo cuando la proporción entre el déficit público previsto o real y el PIB (a precios de mercado) sobrepasa el 3% (límite numérico establecido en el Protocolo nº 12, anejo al TFUE), a menos que la proporción haya descendido sustancial y continuadamente y llegado a un nivel que se aproxime a ese 3%, o bien, a menos que el valor de referencia se sobrepase sólo excepcional y temporalmente, y la proporción se mantenga cercana 3%. Por otro lado, existe deuda púbica excesiva cuando la proporción entre la deuda pública (real, según precisa el Reglamento 479/2009, relativo a la aplicación del Protocolo nº 12) y el PIB (a precios de mercado) sobrepasa el 60% (límite numérico establecido en el Protocolo nº 12, anejo al TFUE), a menos que la proporción disminuya suficientemente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.

Sobrepasar dichos límites (salvo en los casos expresamente excepcionados) conllevará la intervención de la Comisión Europea y la necesidad de que los Estados adopten las medidas oportunas para cumplir con la disciplina presupuestaria. Como ha venido pasado y pasa en el caso de España.

Tal y como apunta Pablo Hernández, gobernador del Banco de España, uno de los principales retos a corto plazo de nuestro país es el de rebajar el nivel de deuda pública, que a cierre de 2018 se situó en el 97% del PIB (60 puntos por encima de 2007 y un 37% superior al límite marcado por Europa). En cuanto al déficit público, si bien la proporción es del 2,5% (y objetivamente inferior al 3% de referencia establecido por la UE), lo grave es que, a nivel interno (y así lo dice el art. 135 CE) nuestro déficit es estructural, esto es, el excedente de los gastos sobre los ingresos persiste cuando la economía experimenta un crecimiento a su más alta tasa de empleo y, además, no se ha visto reducido en los últimos 4 años.

¿Cómo aconseja el gobernador reducir esos márgenes y converger hacia la estabilidad presupuestaria? Según él, se puede mejorar la eficiencia del gasto (principio presupuestario básico) y redefinir la estructura de ingresos mediante la reducción de beneficios fiscales, lo que determinará un aumento en la recaudación. Lo que queda por ver es si el impacto en el bolsillo del contribuyente salvará a España de su talón de Aquiles o si, simplemente, sirve para parchear el informe definitivo que se envíe a la Comisión.


DESCARGAR: 10-6-19 Diari de Tarragona
© Martínez Comín