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El Parlamento Europeo ha aprobado finalmente la Directiva sobre el copyright digital que renueva los derechos de autor a nivel de la UE. Finalmente han ganado la batalla los creadores y los editores. La contumaz oposición que unía a los gigantes digitales, como Youtube o Google, con activistas defensores de la libertad de Internet, no ha conseguido frenar una normativa pensada para actualizar el derecho de autor a la era digital, pero que, en algunos sectores, levanta gran preocupación por sus potenciales efectos sobre la libertad de expresión.

El punto más polémico son los filtros de contenido. Es el ya famoso artículo 13 de la Directiva, aunque en realidad, en la redacción final ha pasado a ser el 17, que obliga a las plataformas digitales a instalar filtros para asegurarse que el material que sus usuarios suben a la red dispone de derechos de autor. Es decir, son las plataformas las responsables legales de este contenido y, por lo tanto, son ellas las que tienen que gestionar los derechos. Hasta el momento, su única obligación es retirar contenido a posteriori, a petición del propietario de los derechos, pero no de forma preventiva.

La Directiva no menciona específicamente la instalación de filtros, pero en la práctica se ve como la única fórmula para poder establecer esta supervisión previa a la publicación del material. Los críticos consideran que, colocar como guardián a un algoritmo, conlleva problemas técnicos, porque tienden a dar falsos positivos y a frenar la subida de material que sí estaría autorizado y, además, supondrá unos costes que solo podrán sufragar las grandes empresas

Martinez Comín
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El próximo 25 de mayo será de aplicación plena la legislación europea en materia de protección de datos, “GDPR” en sus siglas en inglés.  Esta norma pretende armonizar las diferentes legislaciones de los Estados Miembros de la UE que podían ser muy heterogéneas.

De esta forma, la UE dio un plazo de dos años a todas las entidades para adaptar su tratamiento de datos personales a esta normativa, aprobada en 2016 por el Parlamento Europeo. (más…)

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“Esta oferta no está disponible en su país”. A partir de diciembre, este mensaje, acompañado de cualquier oferta de e-commerce, se prohibirá en Europa. Amazon y Netflix han perdido la batalla legal contra la Unión Europa y ya no podrán bloquear el acceso de un consumidor de cualquier país miembro a las promociones disponibles en otros países.

La práctica, conocida popularmente como geo-blocking, se basaba en el ajuste de cada promoción, tanto en precios como en servicios, según el mercado regional al que se dirigiera. De esta manera, los gigantes electrónicos se han dado de bruces contra una de las políticas más novedosas de la Unión Europea: la creación de un mercado único digital.

Así, la normativa, que entrará en vigor en diciembre, advierte de la prohibición de discriminar a los clientes en función de su lugar de residencia o nacionalidad y determina que no habrá discriminación por método de pago. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma, los servicios vinculados a contenidos protegidos (copyright, música, e-book, etc.). No obstante, aún hay varios flecos que pulir, como lo relativo a las sanciones con ocasión del incumplimiento. Veremos, con el tiempo, como se resuelve el tema.

Martinez Comín
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Gran Bretaña se enfrenta a uno de los periodos más difíciles de su historia. El resultado del referéndum del pasado 23 de junio de 2016 dio paso a la paulatina separación del país de la Comunidad Europea.

Pero, ¿cómo quedan los acuerdos comerciales? El sueño de desligarse de la Unión Europea para alcanzar sus propios tratados comerciales con países como Estados Unidos, China o India parece más complicado que nunca.

Al estar adherida a la Unión Europea, Gran Bretaña subscribió más de 40 acuerdos que habrá que renegociar. Hay que tener en cuenta que el Brexit pone en juego un 72% de sus exportaciones, según datos del propio gobierno inglés. A los acuerdos que habría que renegociar con la Unión Europea (que representan el 56% de las exportaciones inglesas) hay que sumarle el 16% procedente de tratados de la Unión Europea con terceros países.

De esta manera, el reto es mayúsculo. Ante todo, los expertos son conscientes que las negociaciones variarán según el acuerdo al que se llegue con la Unión Europea. Tal y como apunta un estudio de The Economist, parece que la táctica más urgente pasa por preservar los acuerdos ya vigentes – algunos de los cuales se firmaron tras 75 años de negociaciones – y subscribir los acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene con países como Suiza o Noruega.

A pesar de las dificultades, en lo que parece más una tarea de relaciones públicas del gobierno que una estrategia económica, desde Downing Street no parecen alarmados. El gabinete económico del gobierno de Theresa May sostiene, pues, que preservar los acuerdos ya vigentes es tan solo un “ejercicio técnico”.

Tal y como mantiene Greg Hands, ministro encargado de los tratados internacionales, ninguno de los 70 países con los que se ha mantenido negociaciones ha sido reacio a poner más condiciones en los acuerdos comerciales.

Ya veremos cómo fluyen las cosas. De aquí a marzo de 2019 queda mucho camino por recorrer.

Martinez Comín
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La reciente asignación del proyecto europeo EUROHPC – High Performance Computing – al Barcelona Supercomputing Center no ha hecho más que confirmar el auge de Barcelona como referencia europea en materia de innovación y tecnología.

Tal y como recoge el organismo Barcelona&Catalonia Startup Hub, Barcelona ha ido consolidando su interés por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnológicos, aportando más de 600 millones en 2017 al desarrollo de startups.

Asimismo, se ha afianzado como sede de congresos de telecomunicaciones tan importantes como el Mobile World Congress o el IoT Congress. Este hecho ha provocado que Barcelona albergue ya más de 12.000 startups tecnológicas.

La apuesta por convertirse en un hub tecnológico ha dado sus frutos, pues. Gracias a ello, Barcelona liderará el proyecto para el desarrollo de los futuros chips europeos, que la UE considera vitales para competir con potencias como Japón, China o Estados Unidos en materia de computación. De hecho, el principal objetivo del programa es que Europa se sitúe en 2020 en el TOP 3 mundial de supercomputación.