El Consejo de Ministros celebrado el 2 de diciembre de 2025 ha aprobado un Real Decreto-ley que modifica el calendario previsto para la implantación del sistema VERI*FACTU, aplazando su entrada en vigor un año con el fin de facilitar una adaptación más gradual por parte de empresas, profesionales y desarrolladores de software.

Nuevo calendario de aplicación

La obligación de emitir facturas a través de sistemas VERI*FACTU se aplicará a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a partir del 1 de enero de 2027 y a los empresarios y profesionales en IRPF a partir del 1 de julio de 2027.

Aunque muchas empresas, pymes y autónomos han recibido la prórroga con alivio, el retraso a apenas un mes de la entrada en vigor prevista envía un mensaje negativo sobre la planificación institucional.

Una reforma anunciada desde hace años no debería posponerse en el último momento sin evidenciar una falta de preparación por parte de la propia Administración.

Miles de empresas y profesionales -en gran medida asesorados por despachos y expertos fiscales- había adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas, realizado inversiones relevantes y en la mayoría de los casos había participado en formaciones específicas.

Todo ello con el objetivo de cumplir rigurosamente con la normativa, pese a que todavía existían dudas técnicas y operativas, incluso dentro de la propia Administración.

Este aplazamiento constituye un reconocimiento implícito de que no existían las garantías suficientes para una implantación ordenada. Modificar en el último momento una obligación de tal trascendencia erosiona la confianza de empresas y profesionales en la estabilidad normativa, ha generado incertidumbre sobre la planificación fiscal futura y envía señales contradictorias en un entorno económico ya complejo.

La seguridad jurídica debe ser un pilar irrenunciable para asegurar la inversión y la estabilidad empresarial.