Miles de migrantes, desesperados y en condiciones infrahumanas, se topan, como obstáculo a una vida mejor, con una valla divisoria de alambre en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, mientras que, al otro lado, soldados polacos vigilan que ninguno de ellos la salte. Esta terrible imagen se replica en la frontera entre Bielorrusia y Lituania. Se trata de dos fotografías espeluznantes representativas del conflicto Bielorrusia-Polonia y Lituania que se está produciendo en los últimos meses. ¿Qué se esconde detrás de esta crisis migratoria?
Para poder responder a esta pregunta, resulta conveniente retrotraernos al origen que ha ido marcando el rumbo de los acontecimientos. En este sentido, si hay que señalar el punto de partida de este conflicto, ese es, sin duda, el de las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia en el mes de agosto de 2020. Los resultados electorales, según el escrutinio del Gobierno, dieron una abultada victoria a Aleksander Lukashenko, político que lleva al mando del país desde hace dos décadas.
Este triunfo del actual Presidente de Bielorrusia fue ampliamente rechazado por la oposición, debido a los términos en que esta sostiene que se produjo: mediante la manipulación del recuento de votos, para que Lukashenko pudiera continuar en el poder. Ante estas elecciones consideradas como amañadas y, por tanto, antidemocráticas, se organizaron manifestaciones pacíficas para protestar contra el fraude y para reclamar la celebración de unos nuevos comicios.
Sin embargo, el Presidente negó por completo estas acusaciones, se opuso totalmente a la repetición de elecciones y utilizó como “respuesta activa” la intimidación y la represión violenta contra los manifestantes, contra los miembros de la oposición y contra los periodistas. Asimismo, el Gobierno encarceló a varios líderes de la oposición que, mediante la realización de informes sumamente detallados, habían puesto de manifiesto el nivel antidemocrático de los comicios.
De igual modo, la compañía aérea Ryanair confirmó que, en el mes de mayo de 2021, uno de sus aviones que cubría un trayecto entre Atenas y Vilna fue obligado a aterrizar en Minsk por orden de las autoridades bielorrusas debido a una supuesta amenaza de bomba. Ello permitió detener a Román Protasevich, periodista y activista de la oposición que iba a bordo. Se trata de uno de los fundadores del canal de Telegram Nexta, el cual constituyó la principal fuente de información durante las primeras semanas de protestas antigubernamentales, y que además tuvo un rol importantísimo en su coordinación.
Debido a este contexto convulso cargado de atentados contra las libertades, tanto individuales como colectivas, desde el mes de octubre de 2020, la Unión Europea ha ido imponiendo, de forma progresiva, medidas restrictivas contra Bielorrusia. Y ello, debido a su condena a las elecciones presidenciales de Bielorrusia, por no considerarlas libres y limpias, y por el clima de represión y violencia generado. El régimen de sanciones de la Unión Europea se aplica a diversas personas y entidades, entre las que figura el Presidente bielorruso y su hijo y asesor en materia de seguridad nacional, otras personas clave del poder político y de la Administración del Estado, miembros de alto nivel del sistema judicial y varios agentes económicos relevantes.
Pues bien, tal y como sostienen diversas autoridades, como la Unión Europea y numerosos medios de comunicación, esta crisis migratoria consistente en que numerosas personas intentan entrar, de manera ilegal, en Polonia y en Lituania a través de la frontera de Bielorrusia, forma parte de un plan estratégico ideado por Lukashenko como respuesta a las sanciones impuestas. En este sentido, afirman que el Gobierno de dicha república que formó parte de la URSS ha utilizado la presión migratoria como arma política contra la Unión Europea.
Así, acusan al Gobierno de Lukashenko de conceder visas de turismo a migrantes de Irak y Siria para facilitar su entrada en avión a Bielorrusia, con el objetivo, a su vez, de facilitar su entrada ilegal en la Unión Europea a través de la frontera con Polonia y Lituania, aumentando, así, la presión migratoria. De hecho, según apunta la BBC, las autoridades de Bielorrusia no solo están facilitando a estos migrantes la llegada a Minsk por vía aérea, sino que, una vez que llegan a la capital, los transportan a la frontera con Polonia y Lituania.
Esta situación de conflicto entre Bielorrusia y los dos países de la Unión Europea ha sido catalogada como “guerra híbrida”, que es aquella que, para alentar un conflicto latente, utiliza procedimientos no convencionales, como (i) el chantaje económico o energético, los ciberataques o, como en este caso, la presión migratoria, y (ii) la desinformación. En este sentido, se trata, como apunta el periodista Andrea Rizzi, de “un nuevo ejemplo de un modelo de conflictividad entre países que busca alcanzar objetivos por medios que no son pacíficos pero tampoco cruzan el umbral de la violencia. Es conocida como la zona gris de la conflictividad, un área de competición agresiva que se sitúa entre paz y guerra”.
De igual modo, el periodista sostiene que “en esta zona gris, los actores -estatales, o no- buscan por lo general evitar la detección de la acción o, en su defecto, la capacidad de atribuir la responsabilidad a un autor y la probabilidad de una represalia inasumible”. Por su parte, en lo que respecta específicamente al conflicto Bielorrusia-Polonia y Lituania, Andrea Rizzi sostiene que “la acción de Minsk es una variante evolucionada del uso de inmigrantes para crear problemas al adversario. La táctica se ha usado en el pasado, pero en este caso hay una sofisticación que consiste en la búsqueda activa de personas en países lejanos para los que Bielorrusia no es una vía natural de tránsito”.
Pues bien, en el mes de noviembre de 2021, la Unión Europea ha modificado su régimen de sanciones contra Bielorrusia para responder a “la instrumentalización de seres humanos que está llevando a cabo el régimen bielorruso con fines políticos”, de tal forma que las sanciones se podrán dirigir ahora contra personas y entidades que faciliten el cruce ilegal de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Asimismo, esta institución, también en el pasado mes de noviembre, ha asignado 700.000 € en ayuda humanitaria para asistir a las personas vulnerables bloqueadas en la frontera bielorrusa, debido a las vallas y al control ejercido por Polonia y Lituania para impedir la inmigración ilegal. Esta situación debería solucionarse cuanto antes, puesto que estas personas no tienen recursos suficientes para sobrevivir y están expuestas a bajas temperaturas durante la noche, habiéndose producido ya, a causa de este conflicto, varios fallecimientos.